Las sentencias condenatorias y formulaciones de cargos logradas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) consolidaron un precedente jurisprudencial relevante. A un mes de las decisiones judiciales expedidas en Bogotá, Medellín y municipios de Cundinamarca, el panorama legal permite evaluar el impacto del artículo 339A del Código Penal. De este modo, los expedientes demuestran cómo la justicia colombiana tipifica la crueldad contra los animales domésticos. Sin embargo, también revelan los complejos cuellos de botella que enfrenta la investigación forense veterinaria en las regiones.

Radiografía del precedente: sentencias en Bogotá y Cundinamarca
En primer lugar, los fallos condenatorios emitidos en la capital del país y en la sabana cundinamarquesa ratifican que los ataques contra la fauna doméstica conllevan sanciones privativas de la libertad. En Bogotá, el dictamen de necropsia y las pruebas testimoniales permitieron imputar dolo directo al agresor de una canina atacada con arma cortopunzante. Asimismo, en Cundinamarca, las autoridades sancionaron la omisión deliberada de auxilio médico tras episodios de violencia física intrafamiliar. En consecuencia, ambos casos derivaron en penas de prisión e inhabilidades especiales para la tenencia o convivencia con cualquier ejemplar doméstico.
El caso en Antioquia y la dificultad de imponer medidas intramurales
Por otra parte, la imputación por maltrato animal agravado adelantada en el departamento de Antioquia, en el área metropolitana de Medellín, ilustra el dilema procesal recurrente en el sistema acusatorio. Aunque los peritos de GELMA sustentaron el daño físico reiterado contra un canino, el juez de garantías determinó que el imputado enfrentará el juicio en libertad. Por esta razón, colectivos jurídicos y defensores de fauna insisten en que las penas fijadas por la Ley 1774 de 2016 (que oscilan entre 12 y 36 meses) resultan excarcelables en la mayoría de los escenarios. De ahí que rara vez se dicte detención preventiva en establecimiento carcelario para los agresores.
Medicina legal veterinaria: la pieza clave del juicio oral
Sin duda, el seguimiento a estos procesos penales demuestra que el éxito de una condena depende casi exclusivamente de la rigurosidad técnica de la prueba inicial. En ciudades con infraestructura especializada, como Bogotá y Medellín, los peritajes del IDPYBA o de las secretarías de medio ambiente permiten certificar el nexo causal entre la conducta humana y el sufrimiento biológico del animal. Por el contrario, en municipios intermedios la falta de clínicas forenses dificulta preservar la cadena de custodia de las lesiones. Por consiguiente, muchas investigaciones terminan archivadas por falta de dictámenes especializados oportunos.


Canales institucionales para activar la ruta judicial en el país
La efectividad de las investigaciones de la Fiscalía depende sustancialmente de la prontitud con la cual la ciudadanía formaliza las denuncias. Por esta razón, el ente acusador mantiene habilitada la línea telefónica gratuita 122 y el correo institucional contacto@fiscalia.gov.co para la recepción de reportes a nivel nacional. Igualmente, las inspecciones de policía locales y las patrullas del cuadrante tienen la obligación legal de intervenir en flagrancia para incautar a los animales en riesgo. Así, la consolidación de estos precedentes judiciales refuerza la necesidad de una ciudadanía activa que aporte testimonios y registros audiovisuales verificables.
Fuentes:
Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, DiariOriente y Análisis Urbano.
