El pasado martes 4 de agosto de 2026, la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde) radicó ante el Congreso de la República cinco proyectos de ley enfocados en ampliar y fortalecer la protección de la fauna en el país. Estas iniciativas, que inician formalmente su trámite legislativo y deberán superar cuatro debates para convertirse en ley, proponen transformaciones profundas para los millones de familias colombianas que conviven con animales de compañía. Por esta razón, el paquete normativo se posiciona como una de las apuestas regulatorias más avanzadas de la región. En consecuencia, el debate político sobre el estatus de los seres sintientes vuelve a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria.
Un Fondo Nacional para garantizar presupuesto permanente de bienestar
La primera propuesta establece la creación de un Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal con recursos económicos permanentes. Esta bolsa pública financiará programas masivos de rescate, atención veterinaria especializada, esterilización gratuita y adopción en todo el territorio nacional. Según explicó la congresista, la intención principal es desligar la protección animal de las prioridades cambiantes de cada gobierno de turno. De este modo, la atención a la fauna vulnerable se convertirá en una política de Estado estable, autosostenible y con presupuesto garantizado a largo plazo.
Convivencia en conjuntos cerrados y sanción severa al robo de mascotas
Otra de las iniciativas de mayor expectativa es la denominada Ley Zoópolis, la cual busca modificar la Ley 675 de 2001 sobre el régimen de propiedad horizontal. Su objetivo prioritario es regular la convivencia responsable entre residentes y animales en edificios o conjuntos residenciales, reduciendo los frecuentes conflictos vecinales. Asimismo, el paquete legislativo contempla un proyecto para tipificar de forma autónoma y endurecer las penas por el robo de mascotas, una modalidad de extorsión que afecta de forma creciente a las principales ciudades. Igualmente, se incluye una norma para otorgar reconocimiento legal y apoyo institucional a la labor que realizan los proteccionistas independientes en las calles.
El impulso de la Ley Ángel para afianzar la agenda animalista en el país
Estas iniciativas llegan respaldadas por el antecedente histórico de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), norma que fijó penas de hasta 56 meses de prisión para quienes causen la muerte violenta de un animal. Por lo tanto, el avance exitoso de esta nueva batería regulatoria dependerá de la capacidad de lograr mayorías en el Congreso y del respaldo de las diferentes bancadas políticas. Sin duda, la presentación articulada de estas normas demuestra que el movimiento por los derechos de los animales mantiene una dinámica firme e irreversible en la sociedad colombiana. Así pues, el país avanza en la consolidación de un marco legal más justo y compasivo para todas las especies.
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Fuente:
Congreso de la República de Colombia, Infobae Colombia y El Tiempo.