En Colombia, la tenencia de animales de compañía implica responsabilidades legales estrictas ante situaciones de agresión o accidentes. La Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016 establecen que los tutores deben asumir la reparación integral de los perjuicios que sus perros o gatos causen a otros seres sintientes. Por esta razón, cuando un canino ataca a otra mascota en la vía pública o en áreas comunes de una copropiedad, el propietario del animal agresor debe hacerse cargo de las facturas veterinarias de emergencia, intervenciones quirúrgicas y tratamientos de rehabilitación del afectado.
Consecuencias económicas y sanciones ante un conflicto entre tutores
El Código Civil colombiano determina que el dueño de un animal es responsable de los daños que este cause, aun después de que se haya soltado o extraviado. En consecuencia, el afectado puede interponer una demanda civil para exigir la indemnización por daños materiales e incluso por perjuicios morales derivados del ataque. De igual forma, el Código Nacional de Policía sanciona a las personas que permitan que sus perros transiten sin correa o bozal —en el caso de razas de manejo especial—, lo que genera multas económicas adicionales impuestas por las autoridades locales.
Mecanismos de conciliación y la importancia de contar con un respaldo
Frente a un incidente entre animales, las autoridades recomiendan acudir en primera instancia a los centros de conciliación o a las inspecciones de policía para acordar el pago de los costos veterinarios de manera concertada. Sin embargo, si las partes no logran un arreglo directo, el caso puede escalar a instancias judiciales con indemnizaciones considerablemente más altas. Por consiguiente, los expertos en derecho señalan que contar con una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) resulta fundamental para mitigar el impacto financiero ante imprevistos cotidianos de convivencia urbana.
Medidas preventivas para garantizar la seguridad en el espacio público
Para evitar eventos de agresión y sanciones legales, las administraciones de los conjuntos residenciales y las secretarías de gobierno exigen el cumplimiento riguroso del Código de Policía. Los tutores deben mantener a sus caninos sujetos con traílla en todo momento durante las caminatas al aire libre. Asimismo, los ejemplares de razas potencialmente peligrosas deben portar un bozal reglamentario y contar con un registro previo ante la alcaldía local. De este modo, la prevención y la tenencia responsable garantizan una convivencia armónica y protegen el patrimonio familiar.
Fuente:
AsuntosLegales.com